El Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de 8 años de prisión para Franco Augusto Poccia. Se lo acusa de montar un sistema de captación y endeudamiento para someter a trabajadores rurales a jornadas inhumanas en un campo de la Ruta 1.
La justicia federal dio un paso decisivo en la investigación sobre trata de personas y explotación laboral en el cordón frutihortícola santafesino. Tras dar por cerrada la instrucción, la fiscalía requirió formalmente la elevación a juicio de la causa que tiene como principal imputado a un productor de 25 años, señalado como responsable de esclavizar a dos decenas de personas oriundas del Chaco en un predio de Arroyo Leyes.
La acusación, impulsada por los fiscales Walter Rodríguez y Milagros Traverso junto a la PROTEX, describe un esquema de «vulnerabilidad estructural». Según el dictamen, las víctimas eran trasladadas desde San Bernardo y La Clotilde hacia el kilómetro 17,5 de la Ruta Provincial 1, donde se les imponía un sistema de deudas por pasajes y condiciones de vida deplorables. Los testimonios revelan jornadas agotadoras que comenzaban a las 3 de la mañana, de lunes a lunes, con apenas dos horas de descanso diario.
Para los representantes del Ministerio Público, los hechos configuran el delito de trata con fines de reducción a la servidumbre agravado. Además de la pena de reclusión, se solicitó el decomiso de una camioneta, armas y dinero en efectivo pertenecientes al acusado, junto con medidas de reparación económica para los damnificados. Cabe recordar que el caso salió a la luz en septiembre de 2025, cuando tres peones lograron huir del campo y radicaron la denuncia policial.
Mientras la defensa sostiene que los empleados permanecían en el lugar por voluntad propia, la justicia deberá determinar ahora la fecha del debate oral. La resolución de este caso marca un precedente importante en la lucha contra el trabajo esclavo y la cosificación de personas en
